Las comunidades de las áreas revertidas del Canal de Panamá
están en pie de guerra. El gobierno ha decidido abrir vastos terrenos a la
especulación inmobiliaria para lo cual está ampliando la avenida Omar Torrijos.
Desde que se firmó el tratado del Canal
con EEUU en 1977 el país ha estado en un permanente enfrentamiento con los
especuladores que quieren hacer negocios con lo que en el siglo XX se llamaba
Zona del Canal de Panamá. Los especuladores se encuentran confabulados con los
funcionarios públicos del más alto nivel programando negocios de toda clase. No
importa si son legales o ilegales. Tampoco si acaban con comunidades, culturas
o paisajes. Aún más no les importa si destruyen las fuentes de agua que
necesita el Canal de Panamá para funcionar.
Se sumó a la protestas comunitarias la Ciudad del Saber que
sufrirá las consecuencias de las arbitrariedades del Ministerio de Obras
Públicas que avanza con sus batallones de tractores tumbando todo lo que
encuentra en su camino. El presidente de la Ciudad del Saber, Jorge Arosemena,
le planteó al gobierno la necesidad de iniciar un diálogo para llegar a un
entendimiento. La Ciudad del Saber señala que el proyecto de ampliación de la
avenida se inició y se desarrolla en forma ‘poco transparente’ Agrega que ya ha
‘producido una masiva deforestación en
áreas boscosas adyacentes al Canal de Panamá’.
El gobierno insiste en continuar sus proyectos especulativos
sin atender las necesidades del país y, específicamente, de las áreas del
Canal. Según Arosemena, ‘durante dos años ha estado tratando infructuosamente
dialogar con el MOP para encontrar
soluciones que minimizaran los impactos negativos del proyecto’.
La Ciudad del Saber ha interpuesto dos medidas legales para
interrumpir el proyecto del gobierno. Por una lado, presentó en agosto un
recurso de habeas data y, por el otro, en octubre una acción de amparo de
garantías constitucionales. La Ciudad del Saber le hace un llamado al país para
que solidarice con su pretensión de salvaguardar sus instalaciones . Las
comunidades de las áreas revertidas se encuentran en la misma situación de
desprotección al ver como avanzan los planes del gobierno y su ministerio de
obras públicas.
Todo indica que quienes llegan al gobierno - sea del partido
político que sea – llevan en su programa un punto en tinta invisible que se
refiere al saqueo del país. Por un lado, saquean el erario mediante contratos,
adendas y sobreprecios. Por el otro, saquean los recursos naturales como son
los bosques, incluyendo los que rodean la vía interoceánica, las cuencas y las
riquezas minerales. La Minera Panamá, empresa sudafricana-canadiense, comenzará
a extraer cobre de Petaquilla y recibirá una subvención de varios miles de
millones de dólares. Ya construyó un puerto sobre el Caribe por donde exportará
el cobre. El fisco panameño recibirá 20
millones de dólares anualmente..
Las islas y playas se están vendiendo a extranjeros que
engañan a los pescadores y campesinos sin que el gobierno haga cumplir las
leyes o la Constitución. Esta última dice claramente que las islas y las playas
no se pueden vender. El gobierno especula con el desarrollo de una carretera
que una a la ciudad de Colón con Bocas del Toro. Igualmente, con las islas del
archipiélago de Las Perlas. Todo sin plan que tenga en mente el desarrollo del
país. Todas las iniciativas gubernamentales se reducen a hacer negocios con las
riquezas del país.
Lo que pareciera ser un problemas aún más serio es la
negociación con la R. Popular China de un tratado de libre comercio. ¿Se
blindarán los actuales gobernantes, como hicieron otros en el pasado, para
sacar beneficios de las inversiones multi-millonarias provenientes de los
chinos?
Los vecinos de las comunidades de las áreas revertidas están
preparándose para dar la pelea. Creen que pueden enfrentar el gobierno con
éxito. Hace 20 años la ARI hizo un plan para el desarrollo de las áreas
revertidas. Contempló todos los ángulos para beneficiar un crecimiento
armonioso con la naturaleza. También le dio prioridad al sector empresarial
para que hiciera inversiones sobre tierras que obtenían a precios muy por
debajo del mercado. Los vecinos exigen que se respete el plan de la ARI. No
quieren otro plan que beneficiaría aún más a los saqueadores que se
aprovecharían de las circunstancias para acabar con las comunidades, los
bosques y el Canal de Panamá. Por unos dólares más.
29
de noviembre de 2018.
