En apenas 18 años, el siglo XXI de América latina ha experimentado dos oscilaciones políticas de envergadura. En el pasado la región vivió cambios similares pero no de manera tan seguidas. El siglo XXI se inauguró con el triunfo (1998) del comandante Hugo Chávez en Venezuela. Siguieron Lula en Brasil, Kirschner en Argentina, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, Lugo en Paraguay, Zelaya en Honduras, el Frente Amplio en Uruguay, el FMLN en El Salvador y el FSLN en Nicaragua. Hay que agregar a la Revolución cubana que celebraba más de 40 años de triunfos. Además, se instalaron en el poder partidos socialdemócratas en Chile, Perú, Costa Rica y República Dominicana. De hecho quedaron relativamente aislados los gobiernos conservadores de Colombia, Panamá y México. Para sorpresa de muchos la vieja correlación de fuerzas que enfrentaba a EEUU a un continente dividido políticamente y subordinado a las exigencias de Washington, parecía haber cambiado.
Quienes pensaban así
subestimaron la capacidad de EEUU. De una vez puso en acción una agenda
neoliberal para la región. Los llamados gobiernos de izquierda no eran socialistas,
tampoco promovían revoluciones políticas. Todos tenían en común un programa que
favorecía a los sectores sociales más marginados económicamente y reprimidos
políticamente. La agenda de los gobiernos ‘progresistas’ quería erradicar la
pobreza y promover la inclusión política. Las propuestas de desarrollo y
democracia se volvieron las ofertas cotidianas.
EEUU no aceptó los
cambios y movilizó todos los recursos a su alcance para destruir los
experimentos sociales en la región. La primera tarea fue desatar la ‘guerra
mediática’ que incluía tácticas psicológicas para tergiversar los programas de
izquierda. La ofensiva consistió en declarar a los gobernantes progresistas
enfermos mentales, en promover la idea de que eran ladrones y asesinos. Los medios
más poderosos de EEUU citan a los Think Tanks financiados por el
gobierno de Washington para desprestigiar a los gobernantes latinoamericanos.
En segundo lugar, arremetían con un sistema judicial en contra de los líderes.
Finalmente, lograban derrocar, desterrar, detener o eliminar a los gobernantes
progresistas.
En la actualidad, la
correlación de fuerzas entre los progresistas y los conservadores se ha dado
vuelta y estos últimos se encuentran gobernando en la mayoría de los países de
la región. Ahora son los países con gobiernos progresistas que se encuentran
aislados. Es el caso de Venezuela y Bolivia, sobrevivientes de la ofensiva
conservadora organizada por Washington. Cuba sigue siendo sometida a un bloqueo
económico implacable.
También Nicaragua y El Salvador son países sometidos a las tácticas
mediáticas de desestabilización. El caso de la patria de Sandino, merece un
estudio a fondo (que no haremos aquí). Todas las tácticas utilizadas por EEUU
en el Medio Oriente (la primavera árabe), en Europa oriental (las
movilizaciones naranjas) y en Asia oriental (el movimiento de los paraguas)
se están aplicando en Nicaragua. El gobierno sandinista de Daniel Ortega –
llevado de la mano por EEUU – pactó con los gremios empresariales y la cúpula
de la Iglesia católica, pensando que encontraría la fórmula para gobernar.
Además, cometió el error de negociar un préstamo con el Fondo Monetario
Internacional (FMI).
Algo parecido a un pacto con el diablo. Ortega logró el préstamo
poniendo las jubilaciones a los pensionados como colateral. La protesta de los
asegurados fue inmediata. Ortega canceló de una vez el pacto con el FMI. Sin
embargo, EEUU ya tenía montada su estrategia. Desató en primera instancia una
ofensiva de los empresarios y de la Iglesia católica. Enseguida movilizó a la
llamada sociedad civil entrenada, financiada y armada por los Think Tanks
norteamericanos.
Ortega fue cuestionado en todos los medios de EEUU, Europa y el resto
del mundo. Más aún, algunos sectores de la izquierda latinoamericana, mencionados
más arriba, se sumaron a las denuncias, pidiendo incluso la renuncia de quien
fuera uno de los nueve comandantes sandinistas que derrocaron a Somoza. Una
facción sandinista de oposición al FSLN también se unió a los sectores más
conservadores de Nicaragua pidiendo la destitución de Ortega. Parecía un deja
vu a la hondureña o brasileña.
El Grupo de Lima llevó el caso de Nicaragua a la OEA para denunciar al
gobierno sandinista. Sus intenciones fracasaron ya que una amplia mayoría
entendió que existía una conspiración y no una intención de resolver el
conflicto en la patria de Sandino. El FSLN tiene que avanzar introduciendo las
nuevas generaciones en la dirección del país para neutralizar a EEUU y sus
enemigos internos.
28 de junio de 2018.