La República de Panamá ha tenido cuatro constituciones
(1904, 1941, 1946 y 1972). La última Constitución Política ha sido reformada
varias veces . El presidente Juan Carlos Varela anunció la semana pasada que
hará las consultas necesarias para convocar una Asamblea Constituyente que
redacte una nueva Constitución. El tema ha estado presente desde la invasión
militar norteamericana a Panamá en 1989 (casi 30 años). En aquel entonces, y a
lo largo de las tres décadas que han seguido, los gobernantes nunca se pusieron
de acuerdo para qué querían un nueva Constitución (faltaría la orientación de
la Embajada). El plan de Varela es introducir una quinta papeleta en las
elecciones que se realizarán en mayo de 2019. En la actualidad, las elecciones
contemplan cuatro papeletas: Presidente de la República, diputados, alcaldes y
representantes de corregimiento. La quinta papeleta sería para elegir 60
constituyentes.
¿Cuál es el procedimiento para seleccionar los 60 ungidos?
¿Cómo serían elegidos?
La falta de respuestas para estas preguntas y otras deja
mucho que desear. ¿Después de las elecciones le corresponderá a los
constituyentes tomar las riendas del país? El orden político que resulte de la
Asamblea Constituyente determinaría el futuro del país. Por ejemplo, la
Asamblea Constituyente puede invalidar las elecciones de mayo de 2019
(Presidente y diputados) y, además, destituir a los magistrados de la Corte
Suprema de Justicia. Abogados como Raúl González, del Movimiento Alternativa
Popular, tiene varios años des estar impulsando la quinta papeleta para
convocar una Constituyente originaria. Sin embargo, el mecanismo que el plantea
es muy diferente al señalado por el presidente Varela. El profesor González
propone que en las elecciones de 2019 se le pregunte al electorado (ciudadanía)
si quiere que el nuevo Ejecutivo convoque a la elección de una Asamblea
Constituyente. Si el pueblo vota a favor de la Constituyente se harían las
elecciones.
En todo caso, el debate (a soto voce) en torno a la
Constituyente tiene dos grandes fallas. Una de forma y otra de fondo. La de
forma es la falta de transparencia. Mientras que el presidente Varela y su
partido conservador – Panameñista - quiere dar un ‘paquetazo’ con la selección
de los constituyentes, la oposición aspira a sacar a Varela del juego político.
Los partidos de oposición (neo-liberales) tienen el 80 por ciento de los diputados
en la Asamblea. Neutralizan las iniciativas gubernamentales.
Más preocupantes, aún, son las fallas de fondo. El
presidente Varela y su equipo, al igual que los sectores que están en la
oposición, no saben para qué estarían convocando a una Constituyente. Una nueva
Constitución tiene como objetivo ‘refundar’ la República. ¿Pero que nueva
República quieren los gobernantes conservadores y la oposición neoliberal
parlamentaria? Qué decir de los voceros de la llamada ‘sociedad civil’ ¡Que
todo cambie, para que todo siga igual!
Gobierno, oposición y sociedad civil se ponen de acuerdo y
cantan, en coro, que se necesita una nueva Constitución para acabar con la
corrupción, con la criminalidad, el presidencialismo, clientelismo y otros
males que les incomoda. Desafortunadamente, ninguna Constitución puede acabar
con esos males. Todos saben que la corrupción no es un problema constitucional
(es un problema criminal). Igual el presidencialismo. Este es un mal que se
desprende de las luchas internas entre las fracciones que controlan el poder
político y económico. El presidencialismo es una figura no-constitucional que
se crea para asegurar la repartición excluyente de la res-pública (corrupción).
La Constitución de 1946 y la de 1972 (que es un calco de la
primera) son documentos que tienen un fuerte contenido social, según los
especialistas. Es decir, la estructura de la República y las instituciones que
son creadas por la Constitución tienen un objetivo: resolver los problemas
sociales. Las reformas de 1983 y 1994 fueron concebidas – después de la muerte
de Torrijos y la invasión norteamericana, respectivamente - para atenuar ese
objetivo, pero no lograron eliminar lo esencial. El texto está vigente.
Las constituciones de 1946 y 1972 tienen capítulos que le
garantizan a los panameños el derecho a un trabajo bien remunerado, a una
vivienda decente, a servicios de salud y a una educación gratuita. El problema
es que no se cumplen con los artículos de la Constitución. Es obvio, hay que
crear las condiciones políticas para que se respete la Constitución ¿Los
gobernantes quieren eliminar el contenido social de la Constitución? Si la
respuesta es negativa, entonces deben decir qué quieren.
10
de mayo de 2018.
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