La guerra declarada por EEUU contra Venezuela

          

EEUU y sus aliados no descansan en su campaña para derrocar el actual gobierno venezolano presidido por Nicolás Maduro. Hace dos semanas intentó poner fin al proyecto bolivariano atentando contra la vida del presidente Maduro. Sorprendió la técnica utilizada que no tuvo éxito en sus propósitos. En estos momentos, los medios de comunicación también están saturando a la región con noticias sobre los venezolanos que están caminando hacia las fronteras del Perú y Ecuador. Grupos enteros son abandonados por sus ‘coyotes’ creando problemas aparentemente humanitarios.

Según Aram Aharonian, “el análisis de la Big Data (que permite a la información interpretarse a sí misma y adelantarse a nuestras intenciones) y  los algoritmos de la “caja negra”, son utilizados para poner a prueba la verdad y la confianza”. Las protestas en Venezuela así como las vistas de familias, distribuidas por las redes sociales, caminando por las carreteras de Colombia y Ecuador para llegar al Perú, parecen fabricadas. Es una táctica utilizada por los medios masivos de comunicación controlados por las agencias de noticias de EEUU desde Guatemala (1954), pasando por Chile (1973) y hace poco en Nicaragua (2018).

El plan desestabilizador de Washington contra Venezuela se extiende a los yacimientos de petróleo. El plan de EEUU consiste en tres medidas coordinadas. La primera pretende preparar el terreno para que los acreedores  incauten activos venezolanos en EEUU (Citgo y otros). Conoco-Phillips acaba de confiscar US$2 mil millones de activos de PDVSA en el Caribe. La segunda maniobra sería socavar la estabilidad de los trabajadores de la empresa PDVSA que extrae el ‘oro negro’ de las profundidades. La tercera sería que el presidente Trump y sus seguidores en Europa impongan sanciones adicionales a la economía bolivariana.

Según el ‘Think Tank” norteamericano, World Politics Review, WPR, la producción de petróleo en Venezuela está disminuyendo desde que Hugo Chávez, líder de la revolución bolivariana, falleció. En la actualidad, produce 1.34 millones de barriles por día. El mayor comprador del crudo venezolana es EEUU con un 33 por ciento de las exportaciones.

Washington puede suspender las compras de petróleo venezolano para crear una crisis de divisas en el país de Bolívar. Pero como dicen Lisa Viscidi y Nate Graham, de WPR, la medida puede provocar una reacción negativa entre los consumidores norteamericanos que perjudique las aspiraciones políticas del presidente Trump. La suspensión de importaciones de crudo venezolano a EEUU crearía un desequilibrio en la demanda y oferta en el mercado norteamericano. Esta situación haría que los precios de la gasolina en las estaciones suba y perjudique al consumidor común y corriente. Es decir, crearía un descontento entre los ciudadanos que se preparan para votar en las elecciones parciales del Congreso norteamericano en noviembre de este año (en apenas dos meses). El más perjudicado sería el inquilino de la Casa Blanca.

EEUU tiene otra carta en la manga: Puede interrumpir la exportación de “productos derivados del petróleo y petróleo ligero, llamados condensados. Venezuela importa productos petrolíferos y petróleo ligero, llamados condensados, para mezclarlos con su petróleo extra-pesado”. Viscidi agrega que Venezuela tendría que buscar proveedores en otros países. Menciona a China y Rusia. Incluso, pronostica la caída del gobierno venezolano y la entrada del Fondo Monetario Internacional (FMI) como co-gobernante. Aparentemente, todo está preparado.

Viscidi concluye que “si se desarrolla uno de estos tres escenarios - la incautación masiva de activos, un éxodo de trabajadores o más sanciones - se hundirá la producción petrolera y los ingresos de Venezuela. Sólo los especuladores en Wall Street podrán celebrar como propia la caída del gobierno venezolano”.

Los  analistas norteamericanos ahora están preocupados que las sanciones del gobierno de Trump empuje a Venezuela hacia tratos con las grandes empresas petroleras de Rusia y China  Según esas fuentes, el gobierno transfirió 29 mil millones de barriles de petróleo, casi el 10 por ciento de sus reservas probadas, valuadas por el gobierno en 1.9 mil millones de dólares, al Banco Central para servir como garantías para nuevos préstamos de Rusia y China.

La guerra declarada por EEUU apuesta a convertir a Venezuela en un “Estado fallido”. Es decir, un país sin capacidad de auto-gobernarse, cuyas instituciones dejan de funcionar. El gobierno del presidente Maduro maniobra en la dirección opuesta. Está estabilizando su economía, víctima del bloqueo de EEUU, y ha logrado neutralizar las movilizaciones de la oposición que creaban zozobra ciudadana y escasez de productos de primera necesidad.

30 de agosto de 2018.

Panamá necesita un sistema de educación incluyente

En un reciente informe sobre la educación en Panamá, El estado de las políticas públicas docentes, una organización norteamericana (Dialogo Interamericano, Washington) y otra panameña (Unidos por la Educación) presentaron sus resultados que no son muy buenos. Al contrario muestran un estancamiento del sistema que representa serios peligros para el futuro del país.

El estudio no es muy claro sobre sus objetivos. Tampoco presenta metas que no sean cuantitativas. Pero presenta preguntas básicas que deben ser objeto de estudio y respuestas. En primer lugar, ¿porqué Panamá se encuentra en un estado de estancamiento en el sector educativo, a pesar del crecimiento económico? En segundo lugar, ¿porqué no existe una visión de la educación para el futuro que no supera las mismas propuestas de siempre: crecimiento económico y globalización?

Según el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) de la UNESCO, el nivel de la educación en Panamá está por debajo del promedio de la región. La gran mayoría de los estudiantes panameños se ubica entre los dos niveles más básicos, con muy pocos alumnos en los niveles más avanzados. Entre las cifras más llamativas del TERCE se resalta que en el caso de los niños llegando al tercer grado, casi un tercio no puede escribir, casi la mitad no puede leer y más de 60% no tiene el nivel adecuado de conocimientos matemáticos. Los países con mayor PIB per cápita normalmente muestran mejores logros académicos. Panamá aparece como una excepción con logros muy por debajo de lo esperado en relación con los ingresos del país.

Hay diferencias marcadas entre distintas regiones geográficas del país. Las áreas rurales y las comarcas indígenas, en particular, muestran resultados inferiores entre 10% y 50% por debajo del promedio nacional en casi todas estas evaluaciones. Estas brechas, indicativas de desigualdades en la calidad de la oferta educativa, tienen implicaciones graves para la equidad, la inclusión social y la economía nacional. Muchas de las disparidades están relacionadas con diferencias económicas. La riqueza está concentrada inadecuadamente y esto afecta la distribución de recursos educativos. Esta realidad se refleja tanto en los insumos educativos (acceso a agua potable, Internet y docentes calificados) como en los resultados académicos (las tasas de alfabetización, matrícula y egreso).

Los casos de la población originaria de las comarcas de las provincias Bocas del Toro y Darién son preocupantes. Representa 12.3% de la población y casi 90% vive en pobreza. Muchas de sus escuelas primarias no tienen agua potable, mucho menos, cuentan con acceso al Internet. Estas poblaciones tienen menos años de escolaridad y grandes discrepancias en cuanto a acceso a la educación con relación al género, fenómeno que no se observa en el resto del país. Las disparidades presentadas reflejan evidentes problemas de equidad y calidad.

Según el estudio, “un creciente número de estudios indica que el factor primordial es la calidad de la formación del personal docente. Una buena educación depende del aprendizaje. El aprendizaje depende de la enseñanza”. El problema de fondo gira en torno a la concepción  de que Panamá es “un centro logístico regional y global con tres cuartos de la producción nacional proveniente del sector servicios, orientado en gran medida al ámbito internacional. La mayoría de requerimientos del mercado laboral se encuentran vinculados al sector servicios y requieren relativamente altos niveles de educación”. Aquí radica el problema: La concepción que tenemos del país. No consideramos la realidad en forma incluyente. Los que no es útil para la ‘globalización’ es descartado. “Panamá necesita poder contar con un sistema educativo de calidad que sirva para preparar a todos, en participación productiva y en términos de construcción de una sociedad incluyente basada en la práctica de valores”.

Este es el reto. Las políticas educativas sólo pueden cambiar si cambia la estructura social y económica. No se puede seguir privilegiando el monopolio del sector servicios sobre el país. Hay que diversificar las actividades productivas en el país. Los gobiernos y los partidos políticos insisten en ir por el camino que ha demostrado ser el equivocado. No hay propuestas para construir el país que quieren y necesitan los panameños. Se puede comenzar teniendo en mente la formación de las futuras generaciones. Panamá necesita hombres y mujeres que produzcan riquezas para el bienestar de todos. Para ello necesita un sistema de educación incluyente, que prepare a nuestros hijos y nietos para insertarse en un proyecto de desarrollo nacional.

23 de agosto de 2018.

Se inició la temporada electoral en Panamá

Las primarias que celebrarán los partidos políticos panameños, para elegir sus candidatos para Presidente y otros cargos de elección popular, traen pocas novedades. En el caso del Partido Cambio Democrático (CD), el domingo pasado se cumplió con lo esperado. Igualmente, ocurrirá con las primarias del gobernante Partido Panameñista y el Partido Revolucionario Democrático (PRD). El Frente Amplio por la Democracia (FAD), único partido con un programa que rechaza las políticas neoliberales, también celebrará primarias en octubre. Es la única alternativa con novedades.

El Partido Panameñista ha gobernado cuatro años (desde 2014) sin un programa conocido, dando seguimiento a las políticas neoliberales de sus antecesores que llegaron al poder después de la invasión militar norteamericana en 1989. Los candidatos del panameñismo, que realizará primarias el próximo mes, aún no han presentado un plan de trabajo y es probable que no lo hagan. En 2014 el actual presidente Juan Carlos Varela llegó al Palacio de las Garzas con la consigna de “100 por ciento agua y cero letrinas”. Sólo fue una consigna, pero dio buenos resultados electorales.

El PRD, a su vez, trata de resolver sus problemas internos sin mucho éxito. Sus pretendientes a ser candidato a la Presidencia de la República son ‘viejos’ conocidos, entre ellos un ex mandatario. El PRD fue fundado por el general Omar Torrijos en 1978 con la intención de que se colocara en el centro del espectro político, entre la izquierda y la derecha. En la actualidad, se sitúa a la derecha y avala las políticas neoliberales tanto en política interna (privatizaciones, desregulación y  flexibilización laboral) como en política exterior (siguiendo la línea trazada por el Departamento de Estado y sus agencias financieras).

El CD tuvo una experiencia traumática durante la Presidencia de Ricardo Martinelli (2009-2014) quien abusó del poder para realizar operaciones que han sido denunciadas como ilícitas. El mismo Martinelli enfrenta un juicio y se encuentra encarcelado. A pesar de estos antecedentes quien fuera ministro en su gabinete y candidato oficial del CD, Rómulo Roux, asegura que alcanzará la Presidencia en las elecciones de mayo de 2019. Roux no presenta un programa de gobierno que identifique los problemas del país y las posibles soluciones. Sólo repite las consignas demagógicas de todos los partidos neoliberales:  Más escuelas, mejores caminos y agua para todas las comunidades.

La experiencia de los últimos 30 años ha sido un empobrecimiento sistemático de los sectores populares (75 por ciento de la población), un estancamiento de los ingresos de las capas medias (casi el 25 por ciento de la población) y un enriquecimiento impresionante de una pequeña elite de familias (menos del 1 por ciento) que monopolizan las rentas del país. Las políticas neoliberales han arruinado el sector agropecuario y han prácticamente desaparecido la industria.

El discurso de los candidatos de los tres partidos (y sus partidos apéndices) prometen aumentar las subvenciones tipo asistencialistas sin mencionar la necesidad de aumentar la producción nacional. Con los ingresos provenientes de la posición geográfica (Canal de Panamá, puertos y otras actividades relacionadas) satisfacen sus aspiraciones. No es para menos. La recuperación de la posición geográfica, como consecuencia de los Tratados del Canal Torrijos Carter (1977), que entraron en efecto en 1999, disparó los ingresos del país. Pero, los trabajadores (del campo y de la ciudad) han perdido sus empleos y los que manejan las finanzas han visto sus fortunas crecer casi sin límite.

El indicador tan popular entre los economistas, el producto interno bruto, pasó de menos de US$10 mil millones en 2000 a casi US$60 mil millones en 2017. Los partidos tienen la tarea de convencer a la población (especialmente a los trabajadores) que gracias a esos miles de millones de dólares que entran al país ellos están mejor que antes. La misión se hace cada vez más difícil ya que la ciudadanía no participa de la repartición de los millones y ya no cree en la democracia de los partidos. En otro artículo hay que analizar el papel de las candidaturas de libre postulación que pueden ser la solución a la pérdida de legitimidad de los partidos. 

El FAD, que no forma parte de los partidos políticos neoliberales, plantea un cambio que consiste en la regulación de las tareas gubernamentales y su relación con el sector empresarial. Por un lado, acabaría con la corrupción rampante y, por el otro, levantaría los sectores productivos – agro e industria - del país.

16 de agosto de 2018.

Nicaragua y la correlación de fuerzas

La situación de Nicaragua es complicada por los intereses de clase que están en juego. Es aún más complicada por la falta de información.

¿Qué sabemos?

Nicaragua es, en gran parte, un país de producción agropecuaria.

Sobre la base de esta realidad, a lo largo del siglo XIX, se estructuró y creció una clase con tendencias oligarcas que se apoderó de las instituciones de gobierno (políticas, militares, ideológicas). La combinación de la propiedad de la tierra y el control de los aparatos de gobierno parecieron darle a la oligarquía una posición inexpugnable.

Al mismo tiempo, creció una masa de trabajadores sin tierra que fue migrando a las ciudades a ocupar empleos de servicios. En el campo la población no recibía servicios públicos y en las ciudades lograba tener acceso a un mínimo de educación y servicios de salud. 

La debilidad económica del país no lograba generar un excedente que llegara en forma significativa a sectores diferenciados (transitorios). Es decir, a una clase obrera, a profesionales, técnicos y educadores (la llamada clase media o sociedad civil). Tampoco le daba a la oligarquía la solvencia económica para neutralizar a los sectores inconformes y rebeldes. El control político lo ejercía un 'clan', el ejército lo manejaba una familia y los aparatos ideológicos (Iglesia, educación, medios de comunicación) estaban en pocas manos.

Sobre esta base, los movimientos sociales sólo podían ser neutralizados mediante la represión violenta. Las pugnas familiares entre conservadores y liberales eran interrumpidas, en el siglo XX, por insurrecciones como el alzamiento del Ejército de Hombres Libres, liderado por Sandino, y una generación más tarde por el FSLN, fundado por Carlos Fonseca.

La oligarquía requería el apoyo político y militar de la potencia norteamericana para enfrentar a los campesinos y trabajadores. En la década de 1970 el FSLN, compuesto por jóvenes guerrilleros (entre 16 y 25 años de edad) del campo y de la ciudad logró romper la pasividad de la población y quiebra la unidad interna de la oligarquía. 

El triunfo del FSLN en 1979 fue gracias a las tácticas militares de sus columnas, pero aún más por la estrategia política de sus tres mandos. Por un lado, los gobernantes se relajaron, dentro de la Iglesia surgieron voces contestatarias y en EEUU se cansaron de seguir apoyando la ineptitud de 'nuestro hijo de puta'. 

En la década de 1980 EEUU decidió poner fin al diálogo con los jóvenes sandinistas y desataron una contra-ofensiva que utilizó a los países vecinos como cohortes. Agotados, los sandinistas entregaron el poder político en 1990 a las corrientes neoliberales, entre los cuales habían muchos que habían simpatizado con los sandinistas durante la gesta revolucionaria e, incluso, durante los diez años de gobierno. A pesar del apoyo de EEUU - o quizás por eso mismo - los tres gobiernos neo-liberales - resultaron desastrosos. Los niveles de vida cayeron y, peor aún, el pueblo sintió que quienes gobernaban eran más de la vieja oligarquía.

El FSLN regresó al poder en 2007 con Daniel Ortega (comandante revolucionario de la vieja guardia) a la cabeza. Puso en efecto una política bicéfala para evitar los supuestos errores del pasado. Por un lado, con apoyo externo (que no incluía a EEUU) armó un programa económico 'asistencialista' que mejoró los niveles de vida de los nicargaüenses. Por el otro, puso en marcha un plan político de alianzas con sectores importantes de la vieja oligarquía y de la Iglesia.

En pocos años, Nicaragua logró consolidar la paz social en las comunidades del país y callar a la oposición oligarca. Incluso, EEUU se sintió complacida con el comportamiento del antiguo enemigo sandinista logrando que se subordinara a las políticas neoliberales de las agencias financieras. Se sentía incómodo, sin embargo, con los saludos fraternales del gobierno sandinista hacia cubanos, venezolanos e, incluso, ecuatorianos y bolivianos.

EEUU mantenía relaciones con los empresarios y la Iglesia, incursionaba con programas dentro del Ejército y desarrollaba programas de indoctrinación entre los jóvenes conservadores y las universidades. Anualmente el Congreso aprobaba subvenciones millonarias para mantener su influencia en los sectores que no se consideraban sandinistas. Incluso, coqueteaba con los sandinistas que se habían separado de la corriente que encabezaba Ortega.

El 16 de abril de 2018 se produce una protesta de los jubilados quienes veían como un decreto presidencial les cortaba un porcentaje de sus pensiones. En forma desordenada gremios empresariales, Iglesia católica y jóvenes conservadores reaccionan defendiendo los jubilados y atacando la legitimidad del gobierno. Ortega supuso que la embestida sería muy corta, pero se encontró con la sorpresa que a pesar de la desorganización de la oposición, cuenta con recursos externos para movilizar gente en el país.

Después de tres meses de enfrentamientos la balanza se inclina a favor del gobierno de Ortega y las organizaciones populares del FSLN. En esta coyuntura Washington se pronunció oficialmente a través de un comunicado de la Casa Blanca: EEUU apoya a los sectores de la oligarquía junto con la juventud conservadora y les asigna nuevos fondos para seguir desestabilizando al gobierno del FSLN. Acusa a los sandinistas de reprimir a los grupos financiados por EEUU. Decide aplicar sanciones contra funcionarios del gobierno. La táctica es una copia de sus políticas aplicadas en Venezuela, Libia y Siria (incluso Ucrania). 

Hasta este momento se observa que el FSLN está intacto. Su base social en el campo y en las ciudades ha soportado la embestida de la oligarquía. El futuro esta en manos de ese pueblo que luchó por el ideario de Sandino. Ortega le toca probar su capacidad como dirigente de un pueblo que está en lucha.

Un comentario adicional: He leído los comentarios de muchos amigos de la Revolucion sandinista de la década de 1970 que quieren regresar a la gloria de los combates de Masaya y tantas otras.

Sugiero que se informen sobre lo que ha pasado en los últimos 40 años. Si echan de menos a los comandantes guerrilleros, recuerden que es el pueblo sandinista que está luchando en todo el país por Nicaragua y las futuras generaciones de ese país heroico. El nicaragüense no quiere la guerra, quiere una Nicaragua libre de oligarcas y lacayos de senadores norteamericanos

09 de agosto de 2018

Nueva ley cuestiona la soberanía marítima de Panamá

El país parece estar en una ruta impredecible. Por un lado, estamos preocupados por el anunciado frenazo de la economía que sufre serias contracciones en todos los sectores, especialmente en la construcción y el turismo. Al mismo tiempo, la agricultura y la industria colapsaron. Se mantiene en pie el Canal de Panamá y  un sector especulativo que puede comenzar a tener problemas muy pronto.

Por el otro, nos acercamos a las elecciones generales cuando el pueblo es convocado a las urnas para elegir sus representantes que pretenden ser dirigentes. Nos encontramos que los candidatos no tienen propuestas, sus partidos no tienen planes de gobierno y el pueblo ya se cansó de los teatros quinquenales que montan los sectores que concentran el poder económico.

Las lluvias tropicales de la época se han convertido en tema de debate. Algunos dicen que las ciudades se inundan por las los chaparrones que caen con frecuencia. En días pasados una lluvia matinal paralizó la ciudad de Panamá, detuvo el Metro e hizo intransitable las avenidas. Todo supuestamente por culpa de las lluvias. En realidad, se olvidaron que se construye sin plan, que la planificación urbana es un chiste de mal gusto y Odebrecht todavía está a cargo de numerosas obras.

Lo que realmente fue una sorpresa -  a pesar de que uno cree que lo ha visto todo - fue cuando una voz en las redes sociales anunció que la Asamblea de Diputados aprobó en tercer debate una ley que enajenaba el territorio marítimo del país. Los periodistas no le dieron mucha importancia. Los medios de comunicación menos. Los empresarios parecían indiferentes y el pueblo estaba confundido. Los trabajadores y las capas medias están acostumbrados a los ‘camarones’ y de los ‘madruganazos’  que meten los políticos y sus patrones. Pero no sospechaban que de un solo golpe podían apropiarse de varios miles de kilómetros cuadrados de territorios nacionales, aunque fueran marítimos.

¿Qué valor tienen estos mares que bañan nuestras costas, tanto en el Caribe como en el Pacífico? Son aguas que le permiten a los barcos de todas partes del mundo llegar al Canal de Panamá. Son mares ricos en peces de todas las variedades. Los españoles cuando exterminaron a los Cueva (pueblo indígena que vivía en las costas del Pacífico) bautizaron su capital con el nombre de la Virgen de la Asunción de Panamá. El nombre de la nueva ciudad, en la lengua cueva,  – dicen los cronistas españoles de la época -  significa ”abundancia de peces”.

En la actualidad - todavía no tenemos ley publicada en la Gazeta Oficial – nuestro territorio marítimo se extiende 200 millas (370 kilómetros) de las costas. La nueva ley reduciría las aguas bajo soberanía panameña a sólo 12 millas (22 kilómetros) de las costas. ¿Cómo se explica esta iniciativa que a todas luces parece absurda?  Los políticos no podían dar explicaciones. Los empresarios menos. Se preguntaban ¿dónde estaba el negocio?  ¿Podían recibir alguna comisión por la entrega de aguas marítimas a intereses extranjeros?

Afortunadamente vino al rescate el internacionalista, profesor de la Universidad de Panamá, Euclides Tapia. Según el profesor, “el 25 de julio del año en curso,  la  Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de Ley No. 637 por  el cual se fijan las líneas de base para la medición de la anchura del mar territorial de la República de Panamá en el Mar Caribe y el Océano Pacífico”. Según Tapia, “de forma ambigua, (los legisladores) conciben  conceptos diferentes como Mar Territorial y Plataforma Continental, que terminan confundiendo a la opinión pública nacional”. 

Panamá con la nueva ley cumpliría “con un mandato de la Convención de Derecho del Mar de 1982. (CONVEMAR, 1982)”. Perderíamos nuestra soberanía sobre las aguas más allá de las 12 millas mencionadas más arriba. Según el profesor Tapia, tendríamos derecho a una Zona Contigua de otras 12 millas donde no seríamos ‘plenamente’ soberanos. (Recuerda el Tratado Hay-Bunau Varilla de 1903)

Pero también hay otra Zona Económica Exclusiva (200 millas). “Los derechos del Estado  ribereño  se circunscriben a la exploración, explotación, conservación y ordenación de los recursos vivos y no vivos, del mar, del lecho y del subsuelo”. Pero “todos los Estados tienen la libertad de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos”. ¿Quién es soberano? Todo indica que nadie y, a la vez, cualquier Estado que se acerque a las aguas panameñas.

2 de agosto de 2018.